Acta de la PNL paralización mina en el Congreso

 CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 311
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO MATOS MASCAREÑO
Sesión núm. 24 (continuación)
celebrada el jueves,
25 de abril de 2013

SOBRE PARALIZACIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINERA DE MAGNESITAS DE -BOROBIA+ (SORIA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000612).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 19.º del orden del día, que es proposición no de ley, a iniciativa de La Izquierda Plural, sobre paralización del proyecto de explotación minera de magnesitas de -Borobia+ en Soria. Tiene la palabra para su defensa el señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Aun en tiempos de crisis no vale todo, no podemos relajar las mínimas exigencias de respeto ambiental ni de salud pública que deben cumplir los proyectos industriales o mineros. Hoy traemos a esta Comisión un buen ejemplo de que no todo vale, y de que las afecciones medioambientales no entienden de frontera. Se trata de un proyecto, en este caso minero, que presenta enormes perjuicios para el medio ambiente y la salud pública, y que se ubica en los límites de una comunidad muy lejos de su capital, en un territorio con muy poco peso demográfico y electoral, y además donde la mayor parte del perjuicio transcurrirá en la comunidad vecina a través de las cuencas de los ríos. Repasemos la película de los hechos.

La empresa Magnesitas y Dolomitas de -Borobia,+ S.L. solicitó una concesión de explotación de 16 cuadrículas mineras y la apertura de una mina de magnesitas a cielo abierto en una zona de alta montaña, a 1.700 metros de altitud, en la sierra de Tablado, en el nacimiento del río Manubles en -Borobia,+ provincia de Soria, en una zona protegida por una directiva comunitaria. El proyecto ha contado desde el principio con una firme oposición popular y también institucional, porque podrían verse gravemente afectados importantes recursos naturales y humanos no solo de los municipios vecinos de -Borobia+ y Ciria, en Castilla y León, sino que también tendría serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas para los municipios de las cuencas de los ríos Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del río Jalón en la Comunidad Autónoma de Aragón, y estamos hablando de una cuenca con más de 8.000 habitantes.

El rechazo popular se ha canalizado a través de la Plataforma en defensa del agua y de la tierra, que agrupa a todas las asociaciones y personas a título individual que tanto desde Castilla y León como desde Aragón están a favor de un desarrollo rural sostenible y en contra de este proyecto de explotación y transformación minera de -Borobia+ . Igualmente se creó la Coordinadora de municipios afectados por la mina de -Borobia+ para agrupar a los ayuntamientos que se oponen a la mina, fundamentalmente de las comarcas aragonesas del Aranda y de la comunidad de Calatayud.

Las razones de peso para oponerse a la mina de magnesitas se fundamentan en el estudio realizado por el grupo de hidrogeología de la Universidad de Zaragoza, cuya principal conclusión es que esta explotación minera tiene efectos negativos sobre el dominio público hidráulico que son graves e irreversibles, afectando tanto a acuíferos como a ríos, con incidencia en el abastecimiento de agua a poblaciones, abastecimientos agrícolas y ganaderos y medio ambiente relacionado, esto es, geomorfología de cauces y flora y fauna acuáticas.

La explotación minera prevista se realiza a cielo abierto y se extiende por toda la cuenca del río Manubles, afectando a sus fuentes de nacimiento. Las labores de arranque mediante perforación y voladura con explosivos se realizan directamente sobre el único acuífero que existe en esa zona, además está demostrado que las afecciones sobre las aguas de la explotación minera incidirán tanto sobre la cuenca del Manubles como sobre la del río Aranda, que sufrirán una pérdida relevante de volumen de agua. La actividad industrial de la mina degradará los ríos y pondrá en peligro la biodiversidad existente, sin hablar de los riesgos de rotura inherentes a las balsas mineras, basta recordar el caso de la mina de Alnazcóllar, en Doñana. Además las emisiones a la atmósfera de la planta de tratamiento tendrán efectos negativos en las características físicoquímicas del agua de lluvia, afectando a las tierras de Ágreda y al mismísimo parque natural del Moncayo.

Todas esas razones han motivado sucesivos acuerdos institucionales, destacando los producidos en las Cortes de Aragón en las últimas legislaturas, el último hace unas semanas, y todos por unanimidad, solicitando la prohibición de la explotación a cielo abierto de -Borobia+ por el grave riesgo que supone de contaminación para las aguas. Cuando hablamos de acuerdos unánimes en un parlamento quiere decir que no estamos ante un asunto partidista, sino ante un asunto que responde al interés general de la sociedad, en este caso las instituciones aragonesas sí han sido sensibles a la preocupación de los vecinos de las comarcas afectadas. En junio del año pasado se produjo un parón cuando la administración autonómica castellano-leonesa canceló los derechos mineros a la empresa Magnesitas y Dolomitas de -Borobia+ S.L., pero la pesadilla ha comenzado de nuevo. Esos derechos han vuelto a salir otra vez a concurso y en octubre se han vuelto a adjudicar a la misma empresa, que ha vuelto a solicitar la concesión de la explotación de las mismas 16 cuadrículas mineras, y el 3 diciembre ha salido a información pública la admisión de esa nueva solicitud. Por supuesto ha vuelto a reactivarse la oposición vecinal y también la institucional en contra de este proyecto.

En marzo volvió a reiterarse por unanimidad el rechazo de las Cortes de Aragón a iniciativa del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, y ahora traemos aquí esta proposición no de ley para que las Cortes

Generales sean conocedoras de este conflicto e insten al Gobierno a actuar en el ámbito de sus competencias, tanto en materia de minería como de protección medioambiental y sobre todo de dominio público hidráulico a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, con el objetivo de paralizar de forma inmediata y definitiva el proyecto de explotación minera de magnesitas a cielo abierto en -Borobia,+ Soria, por su grave afección a recursos naturales y humanos y por las serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas que supondría para los municipios afectados, tanto en la provincia de Soria como en Aragón, en las cuencas de los ríos Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del Jalón.

Pido por tanto a todos los grupos parlamentarios el voto favorable a esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Parlamentario Socialista y otra por parte del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Antonio Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: En esta mañana un poco singular del Congreso de los Diputados tenemos esta proposición no de ley sobre la que merece la pena que hagamos una primera reflexión para saber de qué se trata, qué cuestiones trata. Trata tres cuestiones fundamentalmente: trata de un proyecto para la explotación de una mina de magnesita en el término municipal de -Borobia+ ; trata de dos comunidades autónomas con visiones dispares sobre este proyecto, la de Castilla y León y la de Aragón, y trata de dos intereses legítimos: la conservación medioambiental, especialmente de la calidad del agua, y el desarrollo socioeconómico en el medio rural.

Empiezo por la primera, el proyecto. Con nuestra enmienda tratamos de superar, a base de consenso y liderazgo, uno de los principales problemas de este proyecto: las visiones enfrentadas sobre el mismo. Creemos que es posible el consenso, incluso entre las partes enfrentadas. ¿Qué hay que hacer para ello? Hay que buscar los elementos aceptados por la mayoría, tanto en Soria como en Zaragoza. Los socialistas lo vemos posible. Lo que hoy aquí yo defiendo lo defenderán también mis compañeros socialistas sorianos y aragoneses. Estamos convencidos de que es necesario el liderazgo del Gobierno de España en esta materia. Además puede y debe ejercerlo en este asunto, que conlleva diferencias entre territorios de dos comunidades autónomas de nuestro país.

Desde esta Comisión del Congreso queremos solicitar al Gobierno español que ejerza ese liderazgo sin posturas predeterminadas previamente. Sobran algunas declaraciones grandilocuentes, como la del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, diciendo: nos opondremos a este proyecto por tierra, mar y aire. No son este tipo de posturas predeterminadas y manifestadas de una forma tan radical la fórmula para buscar la solución que se necesita. Lo que pedimos es un acuerdo político previo. Por eso planteamos posible explotación, no como un término definitivo, sino como un término dependiente de los estudios de impacto ambiental, del rigor con el que se deben realizar y, por tanto, viendo todas las aristas que puede tener.

En segundo lugar, decía que trata de dos ámbitos geográficos diferentes con visiones dispares sobre este proyecto. La política consiste también en superar las diferencias con diálogo y liderazgo, en este caso de la Administración que tiene la obligación de velar por el interés general de España. Por eso al Gobierno de nuestro país corresponde el liderazgo en este caso. Su interés general para el Estado español es superior al particular y legítimo de los Gobiernos castellano-leonés o aragonés, y además a la lealtad institucional que debemos suponer en las relaciones de ambos Gobiernos autonómicos con el del Estado se suma la posibilidad para el entendimiento de compartir los tres presidentes la misma ideología política.

En tercer lugar, trata esta proposición no de ley, y por tanto también la enmienda que presentamos, de dos intereses legítimos: la conservación medioambiental y el desarrollo socioeconómico, dos intereses legítimos que no tienen por qué ser antitéticos. Nuestro Estado de derecho está consolidado, en él se desarrollan con rigor los trámites administrativos, y está obligado a ofrecer seguridad jurídica, en este caso por partida doble, seguridad jurídica a quien tramita la puesta en marcha de una actividad económica, y seguridad jurídica a quien exige legítimamente la preservación de los valores medioambientales de su tierra, especialmente en lo que hace referencia a la calidad de sus aguas. Seguridad jurídica para asegurar dos intereses legítimos que los socialistas creemos que pueden ser compatibles, especialmente en un momento con tanta dificultad para el empleo y la actividad económica como este.

Dicho todo ello, lo que queremos resaltar es que para nosotros un proyecto como este exige también una aceptación mayoritaria a nivel local, en el ámbito donde va a desarrollarse.

De ahí que lo quesolicitamos sea esa aceptación mayoritaria en el nivel local como uno de los requisitos importantes. Las razones que les acabo de exponer son las que explican que hayamos presentado esta enmienda de sustitución. Entiendo la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV, EUiA, CHA: La Izquierda Plural, pero debemos ser conscientes de que su cumplimiento es imposible para el Gobierno de España por nuestro propio sistema de derecho, y además por una cuestión competencial que es evidente. ¿Qué ganaríamos además en el caso de aprobar esta proposición no de ley tal como se presenta? Posiblemente alguien podría ganar unos titulares mañana más o menos amplios, pero tan aplaudidos por unos como denostados por otros. En el mejor de los casos lo que se lograría es un bello ejercicio de fuegos artificiales dialécticos sin ninguna otra consecuencia. ¿Cómo quedaría el proyecto que tanta vehemencia suscita en unos y en otros? Pues seguiría su tramitación tal cual está ahora, cosa que al que propone esta proposición no de ley estoy seguro de que no le gustaría. Por eso le solicito que asuma nuestra enmienda. Esta es una propuesta útil para Aragón y para Castilla y León. Resuelve un problema y ofrece una solución. Por eso, como les decía, los socialistas lo defenderemos tanto en Soria como en Zaragoza. Quiero anunciar que en caso de no ser aceptada nos abstendremos, pero no vamos a renunciar a esta postura, que es coherente, que parte de una situación clara de consenso, que acata y exige el liderazgo del Gobierno de España, y seguiremos trabajando en otros ámbitos parlamentarios para llevarla a cabo.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Sebastián González.

El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: La enmienda del Grupo Parlamentario Popular fue retirada, por lo que pido que se pase al turno de fijación de posiciones.

El señor PRESIDENTE: Pensé que la retiraban en este acto, pero tiene razón, porque me comunica el letrado que ha sido así. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. Dado que no están presentes los representantes del Grupo Mixto ni del Grupo Vasco, por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: He escuchado con mucha atención los argumentos que ha expuesto el Grupo de La Izquierda Plural sobre esta proposición y la verdad es que no vamos a poder apoyarla, y voy a explicar por qué. En realidad hay dos razones, una es de tipo político general, y empezaré por esa, que es la que tiene que ver con algo que se está convirtiendo ya en una costumbre, y es que una comunidad autónoma en uso de competencias que no tiene, sino de un derecho que se considera ilimitado, una especie de presoberanía política o de soberanía política particular, decide qué es lo que ha de hacer la comunidad autónoma de al lado si se considera afectada en algún sentido en sus intereses, que por supuesto pueden ser legítimos intereses o no. Aquí tenemos un caso de esos. Las Cortes de Aragón toman una decisión sobre una explotación minera que está en Castilla y León, pero que puede afectar sin duda alguna a Aragón por razones geográficas evidentes. Parece que no se acaba de entender que las comunidades autónomas españolas en general son muy pequeñas, incluso dos de las más grandes, como son Castilla y León y Aragón, y que ese modelo político que se está impulsando con absoluta irresponsabilidad no deja de ser el modelo político de la lucha por los recursos naturales o por impedir o beneficiar su explotación, y llevó a infinidad de guerras en los siglos anteriores. Parece que no hemos aprendido nada en España y que ese sigue siendo el modelo; es decir, la visión ultralocalista de una economía que sin embargo está en un mundo global, y la idea del pensamiento mágico de que el BOE puede suplantar cualquier decisión política racional o cualquier necesidad material que tiene el hecho de que somos lo que somos, vivimos como vivimos, y estamos en el mundo en que estamos. A este respecto, no comprendo cuál es la lógica profunda de una postura respecto a la política medioambiental que la separa radicalmente de la política económica y de empleo. Los datos que hemos conocido hoy de la encuesta de población activa del trimestre sobre el paro son sencillamente catastróficos. Estamos hablando de un país que ya tiene 6,2 millones de parados según la EPA y estamos hablando de más del 57 % de paro juvenil y sin embargo estamos viendo que muchísimas propuestas -muchas de ellas de La Izquierda Plural- ignoran absolutamente la relación fortísima que hay entre política energética, política minera e industrial y empleo, y por una parte se nos insta a mantener determinadas minerías que son iguales o peores para el medio ambiente que la del carbón, simplemente porque son tradicionales y hay gente cuyo estilo de vida está ligado a la continuidad de estas explotaciones, y en cambio se pide que no se perfore en busca de petróleo, que nada de fracking y que nada de nuevas minerías de magnesitas.

Sencillamente no lo entiendo y me parece completamente incomprensible. Me parece la expresión de un conservadurismo de fondo, aunque vaya revestido de una retórica ecologista y de izquierda tradicional en el sentido de ponerse siempre al frente de las manifestaciones por el medio ambiente y por la justicia social. En el fondo no hay nada más injusto que decir que todo se quede como está, que el que tiene carbón que lo disfrute y que el de al lado trague con los residuos y con las consecuencias de la explotación del carbón, pero que allá donde se pretenda poner en marcha una nueva explotación de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. No tiene nada que ver una cosa con otra y es de una ilógica aplastante. Eso sí, puede ser popular.

Es como la teoría que acabo de oír, y que me ha dejado completamente estupefacto, de que lo que importa es el acuerdo local a la hora de decidir si se pone en marcha una nueva actividad industrial o minera. Con ese criterio, ¿por qué no el acuerdo personal de cada uno de nosotros? ¿Por qué no incluso conceder el veto a cada uno de nosotros si consideramos que nuestros intereses personales pueden estar afectados por una nueva explotación minera o de cualquier otro tipo, por ejemplo la construcción de una carretera? Es la disolución absoluta del interés general y la más absoluta de las anomias; es una especie de expresión de narcocapitalismo que no deja de ser curiosa. Por esas razones no podemos apoyar esto. Estamos completamente de acuerdo -como no puede ser de otra manera- con que hay que aplicar las leyes medioambientales y asegurarse de que cualquier explotación minera antes de que se ponga en marcha, tiene que obtener un estudio de impacto medioambiental suficiente y exigente. Estamos totalmente de acuerdo con que tiene que haber una supervisión exigente del desarrollo de las actividades mineras para impedir en la medida de lo posible que tengan efectos medioambientales irreversibles o especialmente dañinos. Estamos de acuerdo en que se prohíban y se rechacen explotaciones mineras cuyos perjuicios sean mayores que los beneficios que producen, pero no podemos apoyar -y nos parece increíble que alguien lo proponga con 6,2 millones de parados-, simplemente por una cuestión de principios y porque pueda haber algún riesgo que en la comunidad de al lado renuncien a una explotación minera porque a nosotros nos fastidia su existencia y nos puede perjudicar de alguna manera; sin tener en cuenta para nada, por otra parte, que habrá beneficios que también se compartan, por ejemplo el desarrollo económico del país. Insisto en que vivimos en una economía no digo ya global, sino que sencillamente ha aplastado y arrasado las fronteras entre Estados y grandes bloques de Estados y pretender que esto se pueda ignorar a escala autonómica no deja de ser parte del disparate nacional y una explicación bastante convincente de por qué la crisis en España es una crisis mucho peor que en os países de nuestro entorno cuando no hay razones, más allá de las políticas, para que sea tan grave. Pero si se sigueretendiendo que la política de España sea de campanario,mientras la política económica sea a escala mundial, de ahí se derivará lo que estoy diciendo: 6,2 millones de parados.

El señor PRESIDENTE: No estando presente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Sebastián González en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Con esta proposición no de ley que debatimos La Izquierda Plural pretende que el Gobierno de España paralice de forma inmediata y definitiva un proyecto de explotación minera de magnesitas en -Borobia,+ Soria. Así lo ha explicado quien la ha defendido. La justificación está muy clara: pretenden hacerse prospecciones en una zona en que pueden tener una gran afección a recursos naturales y humanos, además de serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas. Esa es básicamente la parte dispositiva.

Yo quiero empezar diciendo que mi consideración sobre el proponente es que es una persona razonable, creo que nos lo ha demostrado a lo largo de esta legislatura y, por supuesto, tengo que reconocer que cuando vi la proposición no de ley me alarmé, porque era muy contundente en la parte dispositiva; me alarmé, investigué y miré. Yo estoy de acuerdo también con él en que en tiempo de crisis no vale todo, por supuesto, que no vale todo; pero yo añadiría algo más, en tiempo de crisis se nos exige mayor responsabilidad, mayor coherencia, mayor rigor y mayor objetividad. Yo no podía entender que hoy día se pudiera autorizar un proyecto de explotación minera sin la oportuna declaración positiva de impacto ambiental y mucho menos que se pudiera producir un conflicto de competencias entre comunidades autónomas entre sí o entre comunidades autónomas con el Estado, derivadas de lo que se manifiesta en la exposición de motivos. Pero tengo que reconocer también que enseguida me tranquilicé cuando analicé con detenimiento y con detalle el contenido de la proposición no de ley y vi que era contradictoria la propia proposición no de ley: por un lado, se justificaba con un condicional, se dice que con el proyecto podría verse afectado el medio natural; también se hablaba de que el proyecto puede constituir un grave riesgo de contaminación del agua; y, por otro lado, sin embargo se afirmaba con rotundidad la existencia de una grave afección y serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas. Lo primero que quiero destacar es la contradicción interna de la propia proposición no de ley.

En la misma se alegan también irregularidades administrativas, se deducen irregularidades administrativas y graves y serias consecuencias hidrogeológicas, ambientales y socioeconómicas, por lo que también recabé información al respecto y obtuve lo siguiente. Primero, que el proyecto se desarrolla exclusivamente en el ámbito de una comunidad autónoma, en Castilla y León, por lo tanto la competencia es de la Junta de Castilla y León. No voy a entrar en valoraciones de política territorial, ya se han formulado algunas anteriormente, no quiero insistir, quiero concretar el fondo del asunto.

Me encontré también con que hay un proyecto de investigación y explotación minera tramitado de acuerdo con la Ley de Minas y con todos los requisitos legales. Me encontré con que existía un estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de explotación. Vi que el proyecto se sometió a evaluación de impacto ambiental. He visto que ese proyecto ha sido consultado a todas las administraciones afectadas. Vi que en la evaluación de impacto ambiental se han tenido en cuenta cuantas alegaciones se han formulado en el periodo de información pública, concretamente ochenta y cinco, y no medio millar, como se dice en la proposición no de ley. Han alegado la Asociación Naturista de Aragón, Ecologistas en Acción, Plataforma en defensa del agua y la tierra, la Chunta Aragonesista, el Partido Castilla y León, La Izquierda Unida de Castilla y León, el PSOE de Ólvega. En fin, un número considerable de personas interesadas, que han hecho sus alegaciones, que se han tenido en cuenta y que se han valorado a la hora de la declaración de impacto ambienta. He visto en todo el proceso de evaluación de impacto ambiental algo muy importante, aquí se han puesto de manifiesto afecciones hidrogeológicas, y he visto un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro que considera adecuado el estudio de impacto ambiental en lo que se refiere a las afecciones hidrogeológicas. He visto que hay una declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Castilla y León, Administración competente, del día 26 de julio de 2010, con las oportunas medidas correctoras que garantizan la inexistencia de impactos ambientales negativos. He visto también en esta declaración que existe un oportuno programa de vigilancia ambiental. Ha sido un proceso muy largo, desde el año 1999. Es una declaración de impacto ambiental rigurosa, exhaustiva, amplia, participativa, en la que todo aquel que ha querido ha podido elevar cuantas razones legítimas ha considerado relacionadas con la defensa del medio ambiente, incluso he podido ver cómo el proponente ha conocido, a través de sus preguntas al Gobierno, cuál era todo el trámite de este proyecto. De ahí que mi opinión que comenté al principio, sobre el proponente como persona razonable en este momento y en este caso concreto se resienta, porque entiendo que es una iniciativa con un marcado carácter político.

Habla usted de rechazo social, pero no se ha hablado del apoyo social, que existe. Se habla de impacto socioeconómico negativo, pero no se explica cuál. Yo sí quiero concretar el impacto económico positivo. Es una zona deprimida, necesita de revitalización económica y creación de empleo. Estamos hablando de una inversión de 46 millones de euros; de 376 puestos de trabajo directos e indirectos, tanto con el proyecto principal como con el proyecto complementario; estamos hablando de un recurso autóctono minero cuyos derivados son de gran interés en nuestro mercado nacional e internacional; estamos hablando de inversión internacional; estamos hablando de producto interior bruto, de balanza de pagos. En definitiva estamos hablando de algo que es de vital importancia para el crecimiento económico y la generación de empleo en unas zonas tan necesitadas de ello, como son Aragón y Castilla y León. Ayer me alegré porque vi en la comparecencia del secretario de Estado de Energía que personas que aquí hoy han manifestado su opinión se alegraban de la defensa de los recursos mineros autóctonos realizada por el Gobierno.

Lo que quiero es coherencia porque, efectivamente, la magnesita es un recurso minero autóctono, que es necesario, eso sí, controlando su impacto ambiental -que está controlado-, pero hay que ser coherente. No se puede enviar una carta pidiendo colaboración para garantizar que no se cierren minas de carbón, y, por otro lado, traer aquí proposiciones no de ley intentando impedir la apertura de otras explotaciones mineras. Me extraña mucho que se esté a favor de una mina de carbón y no de una mina de magnesita. Me pregunto lo siguiente: si en -Borobia+ se fuera a instalar una mina de carbón, ¿esta proposición no de ley se hubiera presentado o no? Pido coherencia, creo que lo he argumentado ampliamente desde el punto de vista ambiental. No voy a entrar en el tema de la legalidad porque una licencia es un acto reglado, si se cumplen los requisitos legales no puede haber una actuación discrecional de la Administración, porque entraríamos en unas consecuencias penales. Por tanto he dado argumentos más que suficientes como para rechazar la proposición no de ley que hoy se presenta. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, le preguntó si va a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista o votaremos la proposición no de ley en sus propios términos.

El señor YUSTE CABELLO: Lo cierto es que parece que todo el mundo se ha quedado tranquilo menos Aragón con todos los argumentos que ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, no reabra el debate.

El señor YUSTE CABELLO: Era una idea que tenía en la cabeza.

Espero que el Grupo Parlamentario Socialista presente su enmienda en Zaragoza, en las Cortes de Aragón. En todo caso no la voy a asumir, porque considero que son fuegos de artificio.

Votamos el punto 19.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre paralización del proyecto de explotación minera de magnesitas de -Borobia,+ en Soria.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Fuente: http://www.congreso.es/

Más información: http://aguamanubles.blogspot.com.es/2013/04/una-proposicion-y-un-renuncio.html