Gobierno Aragón alerta en Europa de los incumplimientos de la mina de Borobia
EFE - Zaragoza | hace 2 minutos
El Departamento aragonés de Medio Ambiente ha enviado una queja ante la Comisión de las Comunidades Europeas por incumplimiento del Derecho Comunitario en relación al proyecto de la mina de Borobia (Soria), por sus numerosas afecciones a valores medioambientales y sociales del territorio de Aragón.
En un comunicado, el Departamento reitera que además de esta actuación se recurrirán todos los actos administrativos que sean recurribles en defensa de los intereses de las zonas afectadas por esta explotación, ya que según la documentación remitida, el proyecto vulnera nueve directivas europeas tanto en materia ambiental como en cuestiones de procedimiento.
Entre los incumplimientos detectados por el Gobierno de Aragón destaca el de la Directiva relativa a las repercusiones medioambientales de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
El Gobierno de Aragón informa de que no se tuvo oportunidad de participar en la fase de consultas previas, a pesar de que en septiembre de 2005 ya se solicitó ser parte interesada en el procedimiento, condición que no fue reconocida hasta mayo de 2009, lo que impidió dicha participación dado lo avanzado de la tramitación del proyecto.
El incumplimiento del trámite de consultas previas a la Comunidad Autónoma, y en consecuencia de parte de lo dispuesto por esta Directiva, supone que el Estudio de Impacto Ambiental no ha valorado de forma suficiente todos los efectos medioambientales que esta explotación pudiera tener en territorio aragonés.
Del incumplimiento de esta directiva se han derivado, además, el del resto de las directivas comunitarias vulneradas en materia medioambiental.
Destaca la proximidad de la explotación las Zonas de Especial Protección para las Aves de Sierra de Moncayo-Los Fayos y Sierra de Armas, y a los Lugares de Importancia Comunitaria de Sierra del Moncayo, Barranco de Valdeplata y Cueva Honda.
Igualmente la explotación se encuentra muy cercana al nacimiento del río Manubles, del que prevé la detracción de caudal para la explotación, y a las cabeceras de los ríos Ribota e Isuela, todos ellos en excepcional estado ecológico en sus cursos altos y con abundantes aprovechamientos de sus recursos subterráneos y superficiales.
Pese a la incidencia que esta explotación puede tener en territorio aragonés y la escasa distancia de la explotación a estas zonas y a los núcleos urbanos de Purujosa, Calcena y Pomer y a los mencionados puntos de interés medioambiental, no se han tenido en cuenta en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.
En relación a otra de las normas comunitarias que se vulneran, la Directiva sobre el acceso del público a la información ambiental, se informa de que la Junta de Castilla y León ha incumplido las obligaciones previstas en esta norma y dificultado reiteradamente el acceso de la información del proyecto al Gobierno de Aragón.
Fuente: http://www.adn.es/
Aragón se queja ante Europa ante la mina de Borobia
Por: Redacción
El Departamento de Medio Ambiente envía a la Comisión Europea la queja por incumplimiento de derecho comunitario en el proyecto de la mina de Borobia
El Departamento de Medio Ambiente ha enviado la queja comunitaria ante la Comisión de las Comunidades Europeas por incumplimiento del Derecho Comunitario en relación al Proyecto de explotación y estudio de impacto ambiental de la concesión de explotación de la Sección c), denominado San Pablo , nº 1280, en el término municipal de Borobia (Soria), por sus numerosas afecciones a valores medioambientales y sociales del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón reitera que además de esta actuación, se recurrirán todos los actos administrativos que sean recurribles en defensa de los intereses de las zonas afectadas por esta explotación.
Según la documentación remitida, el proyecto vulnera 9 Directivas Europeas tanto en materia ambiental como en cuestiones de procedimiento.
Entre los incumplimientos detectados por el Gobierno de Aragón destaca el de la Directiva 85/337/CEE relativa a las repercusiones medioambientales de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. El Gobierno de Aragón informa de que no se tuvo oportunidad de participar en la fase de consultas previas, a pesar de que en septiembre de 2005 ya se solicitó ser parte interesada en el procedimiento, condición que no fue reconocida hasta mayo de 2009, lo que impidió dicha participación dado lo avanzado de la tramitación del proyecto.
El incumplimiento del trámite de consultas previas a la Comunidad Autónoma, y en consecuencia de parte de lo dispuesto por esta Directiva, supone que el Estudio de Impacto Ambiental no ha valorado de forma suficiente todos los efectos medioambientales que esta explotación pudiera tener en territorio aragonés. Del incumplimiento de esta directiva se han derivado, además, el del resto de las directivas comunitarias vulneradas en materia medioambiental.
Entre otras cuestiones, en la documentación remitida a la Comisión Europea se destaca la proximidad de la explotación a las ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves) Sierra de Moncayo-Los Fayos y Sierra de Armas, y a los LICs (Lugares de Importancia Comunitaria) Sierra del Moncayo, Barranco de Valdeplata y Cueva Honda.
Igualmente la explotación se encuentra muy cercana al nacimiento del río Manubles, del que prevé la detracción de caudal para la explotación, y a las cabeceras de los ríos Ribota e Isuela, todos ellos en excepcional estado ecológico en sus cursos altos y con abundantes aprovechamientos de sus recursos subterráneos y superficiales; de ello se derivarían afecciones tanto en la calidad como en la cantidad de recursos hídricos de estos caudales, así como a la comunidad faunística de estos ríos.
Pese a la incidencia que esta explotación puede tener en territorio aragonés y la escasa distancia de la explotación a estas zonas y a los núcleos urbanos de Purujosa, Calcena y Pomer y a los mencionados puntos de interés medioambiental, no se han tenido en cuenta en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.
En relación a otra de las normas comunitarias que se vulneran, la Directiva 2003/4/CE sobre el acceso del público a la información ambiental, se informa de que la Junta de Castilla y León ha incumplido las obligaciones previstas en esta directiva y dificultado reiteradamente el acceso de la información del proyecto al Gobierno de Aragón.
Intenso seguimiento desde 2005
Esta queja comunitaria se suma a todas las actuaciones y al intenso trabajo llevado a cabo desde el Departamento de Medio Ambiente desde que se tuvo conocimiento de la puesta en marcha de esta explotación.
Desde 2005 el Departamento de Medio Ambiente se dirigió hasta en quince ocasiones a la Administración de la Junta de Castilla y León solicitando información sobre el permiso de explotación y la solicitud de autorización, informando de la afección de dicha actuación a valores sociales y ambientales del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y para solicitar que el Gobierno de Aragón fuese reconocido como parte interesada en el procedimiento.
El Gobierno de Aragón fue una de las instituciones que alegó a este proyecto durante el periodo de información pública, y en estas alegaciones destacaba que el Estudio de Impacto Ambiental aportado presentaba un amplio e importante conjunto de deficiencias y carencias al no considerar, de forma sistemática, las afecciones al territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Información a los Ministerios de Medio Ambiente e Industria
Asimismo se informó al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; al Ministerio de Industria y a la Junta de Castilla y León de la Proposición no de Ley aprobada en junio de 2010 en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón reiterando la oposición de esta institución y del Gobierno de Aragón a la explotación por las afecciones a la Comunidad Autónoma.
También se solicitó al Ministerio de Industria la paralización de la concesión de la ayuda otorgada para este proyecto.
Además, el Departamento de Medio Ambiente solicitó entrevista con la Secretaria General de Industria del Ministerio de Industria y con el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León para explicar las afecciones que este proyecto tendrán en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Fuente: http://www.aragonliberal.es/
EFE - Zaragoza | hace 2 minutos
El Departamento aragonés de Medio Ambiente ha enviado una queja ante la Comisión de las Comunidades Europeas por incumplimiento del Derecho Comunitario en relación al proyecto de la mina de Borobia (Soria), por sus numerosas afecciones a valores medioambientales y sociales del territorio de Aragón.
En un comunicado, el Departamento reitera que además de esta actuación se recurrirán todos los actos administrativos que sean recurribles en defensa de los intereses de las zonas afectadas por esta explotación, ya que según la documentación remitida, el proyecto vulnera nueve directivas europeas tanto en materia ambiental como en cuestiones de procedimiento.
Entre los incumplimientos detectados por el Gobierno de Aragón destaca el de la Directiva relativa a las repercusiones medioambientales de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
El Gobierno de Aragón informa de que no se tuvo oportunidad de participar en la fase de consultas previas, a pesar de que en septiembre de 2005 ya se solicitó ser parte interesada en el procedimiento, condición que no fue reconocida hasta mayo de 2009, lo que impidió dicha participación dado lo avanzado de la tramitación del proyecto.
El incumplimiento del trámite de consultas previas a la Comunidad Autónoma, y en consecuencia de parte de lo dispuesto por esta Directiva, supone que el Estudio de Impacto Ambiental no ha valorado de forma suficiente todos los efectos medioambientales que esta explotación pudiera tener en territorio aragonés.
Del incumplimiento de esta directiva se han derivado, además, el del resto de las directivas comunitarias vulneradas en materia medioambiental.
Destaca la proximidad de la explotación las Zonas de Especial Protección para las Aves de Sierra de Moncayo-Los Fayos y Sierra de Armas, y a los Lugares de Importancia Comunitaria de Sierra del Moncayo, Barranco de Valdeplata y Cueva Honda.
Igualmente la explotación se encuentra muy cercana al nacimiento del río Manubles, del que prevé la detracción de caudal para la explotación, y a las cabeceras de los ríos Ribota e Isuela, todos ellos en excepcional estado ecológico en sus cursos altos y con abundantes aprovechamientos de sus recursos subterráneos y superficiales.
Pese a la incidencia que esta explotación puede tener en territorio aragonés y la escasa distancia de la explotación a estas zonas y a los núcleos urbanos de Purujosa, Calcena y Pomer y a los mencionados puntos de interés medioambiental, no se han tenido en cuenta en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.
En relación a otra de las normas comunitarias que se vulneran, la Directiva sobre el acceso del público a la información ambiental, se informa de que la Junta de Castilla y León ha incumplido las obligaciones previstas en esta norma y dificultado reiteradamente el acceso de la información del proyecto al Gobierno de Aragón.
Fuente: http://www.adn.es/
Aragón se queja ante Europa ante la mina de Borobia
Por: Redacción
El Departamento de Medio Ambiente envía a la Comisión Europea la queja por incumplimiento de derecho comunitario en el proyecto de la mina de Borobia
El Departamento de Medio Ambiente ha enviado la queja comunitaria ante la Comisión de las Comunidades Europeas por incumplimiento del Derecho Comunitario en relación al Proyecto de explotación y estudio de impacto ambiental de la concesión de explotación de la Sección c), denominado San Pablo , nº 1280, en el término municipal de Borobia (Soria), por sus numerosas afecciones a valores medioambientales y sociales del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón reitera que además de esta actuación, se recurrirán todos los actos administrativos que sean recurribles en defensa de los intereses de las zonas afectadas por esta explotación.
Según la documentación remitida, el proyecto vulnera 9 Directivas Europeas tanto en materia ambiental como en cuestiones de procedimiento.
Entre los incumplimientos detectados por el Gobierno de Aragón destaca el de la Directiva 85/337/CEE relativa a las repercusiones medioambientales de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. El Gobierno de Aragón informa de que no se tuvo oportunidad de participar en la fase de consultas previas, a pesar de que en septiembre de 2005 ya se solicitó ser parte interesada en el procedimiento, condición que no fue reconocida hasta mayo de 2009, lo que impidió dicha participación dado lo avanzado de la tramitación del proyecto.
El incumplimiento del trámite de consultas previas a la Comunidad Autónoma, y en consecuencia de parte de lo dispuesto por esta Directiva, supone que el Estudio de Impacto Ambiental no ha valorado de forma suficiente todos los efectos medioambientales que esta explotación pudiera tener en territorio aragonés. Del incumplimiento de esta directiva se han derivado, además, el del resto de las directivas comunitarias vulneradas en materia medioambiental.
Entre otras cuestiones, en la documentación remitida a la Comisión Europea se destaca la proximidad de la explotación a las ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves) Sierra de Moncayo-Los Fayos y Sierra de Armas, y a los LICs (Lugares de Importancia Comunitaria) Sierra del Moncayo, Barranco de Valdeplata y Cueva Honda.
Igualmente la explotación se encuentra muy cercana al nacimiento del río Manubles, del que prevé la detracción de caudal para la explotación, y a las cabeceras de los ríos Ribota e Isuela, todos ellos en excepcional estado ecológico en sus cursos altos y con abundantes aprovechamientos de sus recursos subterráneos y superficiales; de ello se derivarían afecciones tanto en la calidad como en la cantidad de recursos hídricos de estos caudales, así como a la comunidad faunística de estos ríos.
Pese a la incidencia que esta explotación puede tener en territorio aragonés y la escasa distancia de la explotación a estas zonas y a los núcleos urbanos de Purujosa, Calcena y Pomer y a los mencionados puntos de interés medioambiental, no se han tenido en cuenta en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.
En relación a otra de las normas comunitarias que se vulneran, la Directiva 2003/4/CE sobre el acceso del público a la información ambiental, se informa de que la Junta de Castilla y León ha incumplido las obligaciones previstas en esta directiva y dificultado reiteradamente el acceso de la información del proyecto al Gobierno de Aragón.
Intenso seguimiento desde 2005
Esta queja comunitaria se suma a todas las actuaciones y al intenso trabajo llevado a cabo desde el Departamento de Medio Ambiente desde que se tuvo conocimiento de la puesta en marcha de esta explotación.
Desde 2005 el Departamento de Medio Ambiente se dirigió hasta en quince ocasiones a la Administración de la Junta de Castilla y León solicitando información sobre el permiso de explotación y la solicitud de autorización, informando de la afección de dicha actuación a valores sociales y ambientales del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y para solicitar que el Gobierno de Aragón fuese reconocido como parte interesada en el procedimiento.
El Gobierno de Aragón fue una de las instituciones que alegó a este proyecto durante el periodo de información pública, y en estas alegaciones destacaba que el Estudio de Impacto Ambiental aportado presentaba un amplio e importante conjunto de deficiencias y carencias al no considerar, de forma sistemática, las afecciones al territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Información a los Ministerios de Medio Ambiente e Industria
Asimismo se informó al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; al Ministerio de Industria y a la Junta de Castilla y León de la Proposición no de Ley aprobada en junio de 2010 en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón reiterando la oposición de esta institución y del Gobierno de Aragón a la explotación por las afecciones a la Comunidad Autónoma.
También se solicitó al Ministerio de Industria la paralización de la concesión de la ayuda otorgada para este proyecto.
Además, el Departamento de Medio Ambiente solicitó entrevista con la Secretaria General de Industria del Ministerio de Industria y con el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León para explicar las afecciones que este proyecto tendrán en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Fuente: http://www.aragonliberal.es/
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