Los ecologistas ponen en aprietos al PP en Castilla y León

Pedro Vicente

15 de marzo de 2007.

La escandalera urbanística desatada en los últimos meses en Castilla y León ha vuelto a arreciar fuertemente en la recta final de la Legislatura. Las actuaciones judiciales abiertas en torno a algunos de los escándalos denunciados están empezando a tener consecuencias. El fiscal-jefe de Ávila ha solicitado ya la imputación de tres cargos públicos del Partido Popular por uno de los casos, mientras que en otro de ellos la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia estudia la posibilidad de imputar, entre otros, al consejero de Medio Ambiente del gobierno regional.

La batalla judicial emprendida por ocho asociaciones ecologistas y CC.OO. contra la llamada Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués (Ávila) se está decantando hasta ahora del lado de los denunciantes, que han colocado contra las cuerdas a las tres administraciones (Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León) que promovían la urbanización. Después de que el Tribunal Superior de Justicia paralizara la tala de pinos y paralizara cualquier actuación, el fiscal-jefe de Ávila ha apreciado indicios de diversos delitos en el proceso de segregación, venta y recalificación urbanística del pinar en cuestión.

Prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias son algunos de los presuntos delitos que pesan en principio sobre la actuación del alcalde, el secretario municipal, el ex-delegado del gobierno regional en Ávila y el director general de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, Mariano Torre Antón. Este último apoyó desde su cargo la recalificación, siendo al mismo tiempo consejero de la sociedad que la solicitaba.

Villablino: años haciendo la vista gorda

Paralelamente, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha remitido al Tribunal Superior de Burgos una denuncia presentada contra la explotación a cielo abierto de El Feixolín, en el municipio leonés de Villablino. Según los denunciantes, la Consejería de Medio Ambiente no sólo ha permitido que durante once años se extrajera carbón sin las preceptivas licencias, sino que ha consentido que prosiguiera la actividad incluso después de una sentencia judicial que ordenaba cesar la explotación. Basándose precisamente en dicha sentencia, el Ayuntamiento de Villablino impuso el pasado diciembre una sanción nada menos que de 170 millones de euros a la Minero-Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la empresa que se ha beneficiado de la explotación.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente en la FGE aprecia indicios de un delito continuado de prevaricación del que serían responsables varios altos cargos de la Consejería, comenzando por su titular, Carlos Fernández Carriedo. Al tener éste la condición de aforado por tratarse de un parlamentario regional, las diligencias instruidas en Madrid han sido remitidas a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano jurisdiccional competente. Entre los demás altos cargos afectados por este caso figura de nuevo Torre Antón, quien se mantiene al frente de la Dirección General del Medio Natural desde 1999.

Soria: urbanizar en nombre del Medio Ambiente

Con este panorama, la Junta de Castilla y León ha forzado la luz verde a otro controvertido proyecto urbanístico, la llamada Ciudad del Medio Ambiente, promovida directamente por el gobierno regional en las inmediaciones de la ciudad de Soria. La oposición del propio ayuntamiento soriano -en el que el PP no dispone de mayoría- ha sido sorteada mediante una Ley ad hoc aprobada por el Parlamento regional, que declara el proyecto de "interés regional".

Dicha declaración permite acometer la urbanización sin ningún tipo de licencia municipal, ya que deja sin efecto las competencias urbanísticas de los ayuntamientos afectados. Esta especie de "estado de excepción municipal" hasta ahora había sido aplicado a proyectos que, por su naturaleza molesta, causaban rechazo social, caso de la planta de residuos de Santovenia de Pisuerga y del vertedero de Gomecello.

La Ciudad del Medio Ambiente, un complejo integrado por 800 viviendas, un parque empresarial y dos edificios administrativos, ha suscitado el rechazo del movimiento ecologista, que lo considera gravemente atentatorio para los valores medioambientales y paisajísticos del entorno del río Duero. La oposición política lo considera sin mas un nuevo "pelotazo urbanístico", perpetrado para mayor inri en nombre del Medio Ambiente.

El PSOE ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra una ley aprobada exclusivamente con los votos del PP tras un bronco debate parlamentario en las Cortes de Castilla y León.

Fuente: www.elsemanaldigital.com