Rebelión contra el "desastre ambiental" en Castilla y León Once asociaciones conservacionistas piden al Gobierno central que recupere las competencias de la Junta en medio ambiente. Denuncian la explotación del ecosistema
M. FERNÁNDEZ / B. MARÍN - MADRID - 31/05/2009 20:30
La Constitución prevé garantías excepcionales para el caso de que una comunidad autónoma no cumpliera sus obligaciones de protección de medio ambiente. Se requiere, en todo caso, la aprobación por mayoría absoluta del Senado para poder retirar las competencias. Pero para los denunciantes, la última demostración de los desmanes de la Junta ha sido la aparición, en abril, de un nuevo cadáver de un oso en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, en Palencia. "Es el decimotercero en diez años", explica Roberto Hartasánchez, presidente del FAPAS (Fondo para la protección de animales salvajes), quien califica a Castilla y León de "sumidero para los osos". A pesar de que es Asturias la comunidad con mayor presencia de este plantígrado, Castilla y León se anota diez de las trece muertes ocurridas desde 2000.
La última prueba de la polémica gestión de la Junta es el documento interno que acaba de salir a la luz, firmado por el director general de Medio Natural, José Ángel Arranz, en el que se autoriza el uso de lazos en plena zona osera durante todo 2008. Es un sistema prohibido tanto por la legislación europea como por la española y que "puede resultar mortal para el oso", puntualiza Hartasánchez, quien sospecha "que ese permiso se haya dado para otras zonas oseras. Todos tenemos presente la búsqueda del oso que arrastró un lazo durante el verano pasado en Páramo del Sil. Siempre pensamos que era un lazo furtivo, pero ahora tenemos dudas", sentencia.
Más trampas
No es la primera vez que Castilla León autoriza lazos para cazar. Ya existe una sentencia condenatoria de los tribunales europeos por la utilización de trampas en zona de nutria en 2006, en Ávila y Salamanca.
Un portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica considera "escandaloso" que parte de la cúpula de la Dirección General de Medio Natural esté imputada por delitos contra el medio ambiente. El actual director, José Ángel Arranz, lo está por la Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués. Pero las imputaciones por el mismo caso alcanzan también a su predecesor en el cargo, Mariano Torre, quien a pesar de ello ha sido promovido ahora a máximo responsable de medio ambiente en León. La cadena no termina aquí, pues Torre sustituye en León a otro imputado más, José Luis Blanco, acusado de prevaricación por el incumplimiento del cierre de la mina Feixolín. "¿Es que es indispensable estar imputado para ejercer un cargo de medio natural en Castilla León?", se pregunta el portavoz.
Recientemente, el ex consejero de Medio Ambiente (1991-1999) Francisco Jambrina, ha sido denunciado por el Seprona tras ser sorprendido con una rapaz protegida que había caído en un cepo ilegal en su coto de caza.
Para todas las asociaciones, sin embargo, la principal responsable es la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, la única que, no obstante, ha salido indemne de las imputaciones judiciales. "Tiene una política basada en la explotación de los recursos naturales para favorecer a los grandes intereses y no a los ciudadanos" afirma Javier Escudero, de Ecologistas en Acción. Escudero recuerda la Ciudad del Medioambiente de Soria, aprobada por ley, y lo describe como "un proyecto especulativo de nombre engañoso para urbanizar un soto protegido por la Unión Europea". A su juicio, este precedente está dando alas a la Junta para repetir un esquema similar en San Glorio y construir una macroestación de esquí en una zona también protegida por sus valores naturales.
Una de las bestias negras de la Junta se llama Javier Viñuela, el científico que sacó a la luz los datos del envenenamiento masivo de los topillos y sus nefastas consecuencias para el resto de la fauna. El doctor Viñuela, director del IREC, un centro del CSIC, y coautor del último estudio sobre el tema publicado en la revista Enviromental Conservation, acaba de crear la web verdadesdelostopillos.com, en la que se recoge la información científica y se rebate las acusaciones de la Junta. "Cuando publicamos el estudio nos llamaron mentirosos y delincuentes, esgrimiendo un supuesto informe en el que se dice que el veneno es inofensivo. Pero casi dos años después nadie ha visto ese informe en papel oficial alguno. En Castilla y León impera el miedo, y los que hablan no se atreven a dar su nombre", asegura el investigador. En la web desvela estudios inéditos de la Universidad de Valladolid pagados por la Junta y luego censurados por ella, explica.
Desde la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica también se llama la atención sobre los efectos nocivos de la gestión de la Junta en la crisis de los topillos. "Este año se está detectando un repunte brutal de los venenos en los cotos de caza. Si la Junta inundó de veneno 400.000 hectáreas, ¿por qué no lo van a hacer los titulares de los cotos? La impunidad está garantizada", señalan.
